El proyecto de ley radicado por Angelica Lozano en la Cámara de Representantes “pretende establecer garantías y beneficios para los trabajadores vinculados mediante contratos de prestación de servicios”.
Estos contratos son utilizados muchas veces con fines políticos o clientelistas, no siempre responden a la ‘meritocracia’ y no incluyen beneficios como vacaciones, licencias de maternidad o incapacidades.
Asimismo, la falta de continuidad en un contrato de estos obstaculiza el acceso de los contratistas a préstamos bancarios y muchos deben empezar funciones cada año sin firmar u oficializar el vínculo laboral.
Conoce detalles de los contratos de prestación de servicios
El año pasado, 243.427 personas fueron contratadas en el sector público bajo la modalidad de prestación de servicios, según un informe de Colombia Compra Eficiente y el Sistema Electrónico de Contratación Pública.
La representante Lozano resaltó que el proyecto reconoce derechos y garantías a los contratistas.
Beneficios puntuales que tendrían los contratistas:
- Descanso remunerado de 5 días hábiles por cada año trabajado y una prima por ese descanso del 25%.
- Reducción del 2% al 1% en el aporte que los contratistas tienen que hacer para el plan pleno de cajas de compensación.
- En caso de que una entidad requiera contratistas, los que ya estén contratados tendrán prioridad.
- Se deberán continuar los contratos a quienes se encuentren en situación de discapacidad, o mujeres en estado de embarazo o lactancia.
- Permisos por luto y por calamidad doméstica.
- Reconocimiento de derechos sindicales.
- Prohibición al contratista de realizar funciones distintas a las fijadas en su contrato.
- Se establece una especie de cesantía administrada por el Fondo Nacional de Ahorro, del 25% del promedio de los honorarios recibidos por cada año trabajado.
- Los contratistas deberán tener un puesto de trabajo y los elementos mínimos para desempeñar su labor.
- Se crearía una multa por el no pago puntual de los honorarios, equivalente al 1% de los honorarios dejados de pagar para el respectivo mes.
El proyecto también quiere propiciar la modernización laboral en el sector público, evitar más abusos con las relaciones contractuales administrativas y acabar con la contratación a dedo.
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