Los magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional apoyaron las razones del Gobierno al estar en desacuerdo con la ley aprobada por el Congreso, la cual consistía en bajar los aportes en salud de los pensionados del 12 al 4 por ciento.
En su momento, dicha ley provocó desencuentros entre el Legislativo y el Ejecutivo. El que legisla aprobó la iniciativa a pesar de que el Gobierno no estuvo de acuerdo, a tal punto que este último argumentó que esa ley abriría un hueco fiscal. Sin embargo, el Congreso dejó la propuesta sin cambios.
El expresidente del Senado Mauricio Lizcano fue uno de los congresistas que defendió el proyecto de ley. Expresó que esta iniciativa fue una promesa de campaña durante el proceso de reelección del presidente Juan Manuel Santos.
No obstante, para el Gobierno nunca hubo claridad en la manera en la que se sustituirían los recursos que dejarían de aportar alrededor de 4,4 millones de colombianos. Con esto no entrarían al sistema unos 3,7 billones de pesos, en un lapso de cinco años, entre 2017 y 2022.
Además, el presidente Santos se opuso a la ley, a sabiendas de que el proyecto en un inicio limitaba el beneficio a los pensionados que reciben entre uno y dos salarios mínimos –considerados de más bajos recursos-, porque el Congreso extendió la rebaja a todas las mesadas.
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