Multas de hasta 1.400 millones de pesos puede imponer la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a aquellos que no realicen el registro de sus bases de datos antes del 30 de junio del 2017.
El régimen general de protección de datos personales acogido a la Ley 1581 de 2012 dispuso este registro como obligatorio. El 9 de noviembre del año pasado venció el plazo estipulado y, según la SIC, menos de 10.000 empresas hicieron el trámite.
En el primer plazo quienes sí entendieron y registraron sus bases de datos fueron, en su mayoría, actividades del comercio al por mayor y menor, industrias manufactureras, sectores financieros y de seguros, labores profesionales, técnicas y científicas y sectores de la información y las comunicaciones.
Esta normativa abarca a todas las entidades públicas, privadas y sociedades de economía mixta. No obstante, el número registrado en 2016 muestra que la mayoría de colombianos no han comprendido el propósito.
“La protección del derecho de habeas data en el país ha venido acompañada de la debida regulación en materia legislativa y de una apropiada reglamentación en materia administrativa, sin embargo, la gran mayoría de las empresas, aún no se han alineado con la cultura de protección de datos personales”, dice John Jairo Echeverry, director de servicios informáticos de la firma Adalid.
Todas las personas tienen el derecho constitucional de conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se tengan de ellas en las bases de datos. Por lo mismo, es una herramienta fundamental de supervisión que hace la SIC para garantizar y vigilar que se respeten los derechos de los civiles en la administración de sus datos personales.
“Nadie se salva de entrar en esta norma porque los responsables del registro son todas las sociedades, aunque tengan un solo empleado o activos muy pequeños. Además, es importante aclarar que incluso aquellos comerciantes u organizaciones privadas como conjuntos cerrados y edificios, están en la obligación de cumplir con esta obligación”, afirma Echeverry.
Hasta el próximo 30 de junio hay un nuevo plazo para que quienes no registraron sus bases de datos lo hagan y se eviten sanciones que ascienden a los 2.000 salarios mínimos.
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