Cambios clave en la salud ocupacional en Colombia: lo que deben saber trabajadores y empresas

El Ministerio del Trabajo emitió la resolución 1843 del 29 de abril de 2025, una nueva normativa que transforma la gestión de la salud ocupacional y las incapacidades laborales en Colombia.  

 

Esta resolución tiene alcance nacional y plantea responsabilidades adicionales para empleadores, trabajadores, EPS, IPS y ARL, con el objetivo de reforzar la prevención, mejorar el seguimiento clínico y garantizar un entorno laboral más seguro. 

 

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Evaluaciones clínicas obligatorias y nuevos controles sobre incapacidades 

 

Uno de los aspectos más importantes de la nueva normativa, es la implementación de tres valoraciones médicas obligatorias para ausencias prolongadas: 

 

• Evaluación post-incapacidad: cuando un trabajador ha estado ausente por 30 días o más por motivos médicos. 

 

• Examen de retorno laboral: exigido cuando la ausencia ha sido igual o superior a 90 días por causas no médicas. 

 

• Seguimiento ocupacional: una vez reincorporado, el trabajador será evaluado si persisten recomendaciones clínicas. 

 

 

Estas valoraciones buscan garantizar un retorno laboral más seguro y evitar la reincorporación sin una revisión previa de las condiciones de salud y del entorno de trabajo. 

 

Además, todas las incapacidades médicas deben estar respaldadas por evidencia clínica verificable. EPS e IPS deberán reportarlas en tiempo real mediante plataformas digitales, con el fin de controlar el abuso de incapacidades injustificadas y mejorar la trazabilidad del sistema de salud laboral. 

 

Exámenes médicos periódicos y obligaciones para las empresas 

 

La resolución establece que todos los trabajadores, sin distinción del tipo de contrato o empresa, tendrán derecho a exámenes médicos ocupacionales gratuitos. Estos deberán realizarse al menos cada tres años, salvo que exista recomendación médica para una frecuencia distinta. 

 

 

Las empresas deberán: 

 

• Entregar a las IPS perfiles de cargo, matriz de riesgos, indicadores y estudios técnicos. 

 

• Realizar ajustes laborales (reubicación o adecuación del puesto) en un plazo máximo de 20 días tras recibir recomendaciones médicas. 

 

• Cubrir los costos de transporte, alojamiento y alimentación cuando el trabajador deba desplazarse para sus exámenes. 

 

Además, todas las organizaciones están obligadas a implementar pausas activas durante la jornada laboral para prevenir enfermedades musculoesqueléticas, estrés y fatiga. 

 

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Protección de derechos y sanciones por incumplimiento 

 

La resolución prohíbe exigir pruebas discriminatorias, como las de embarazo o VIH, salvo en situaciones excepcionales que comprometan la seguridad de terceros. Asimismo, los exámenes médicos deben aplicarse con enfoque diferencial, considerando aspectos como género, diversidad cultural y salud mental. 

 

El incumplimiento de esta normativa conlleva multas de hasta 2.455 UVT (más de $120 millones COP). Además, las Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARL), están obligadas a brindar asistencia técnica a las empresas para implementar los sistemas de vigilancia epidemiológica. 

 

 

Por otro lado, los trabajadores también tienen nuevas responsabilidades: deben asistir a las evaluaciones médicas programadas y cumplir con las recomendaciones clínicas. De lo contrario, podrían enfrentar sanciones internas o despidos justificados. 

 

La historia clínica ocupacional adquiere un papel clave: su manejo debe ser confidencial, solo podrá divulgarse con autorización del trabajador o por orden judicial, y su custodia recae sobre las IPS. 

 

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