Sin embargo, el funcionario también informó que en algunas regiones del país persistió la amenaza de intervención por parte de las Farc en las acciones que tenían programadas los trabajadores y especialmente los labriegos.
"Estamos haciendo lo que convenga para defender esos campesinos e impedir que grupos alzados en armas utilicen indebidamente esta protesta legítima para convertirla en una ocasión para el ejercicio de su barbarie", puntualizó.
Londoño Hoyos explicó que estas alertas se presentaron especialmente en los departamentos del Cauca y el Tolima, donde se frustraron algunos intentos de los insurgentes.
Asimismo, a través de un comunicado de prensa, el ministro del Interior pidió a los colombianos mantener la calma y la tranquilidad en la seguridad de que el Gobierno ha adoptado las medidas necesarias para garantizar la normalidad.
"Los colombianos pueden estar seguros que sus autoridades están haciendo lo que corresponde y que se mantienen atentas para evitar que lo que debe ser la legítima expresión de la democracia, se convierta en una oportunidad para realizar actos contra la seguridad del país".
Parte de la jornada en el sector oficial
Luz Stella Veira de Silva, jefe de la Unidad Especial de Inspección, Vigilancia y Control de Trabajo del Ministerio de Trabajo, explicó que la prohibición Constitucional y Legal de suspender actividades en los servicios públicos esenciales, es razón jurídica suficiente para que se declare la ilegalidad del cese de actividades, realizado por algunos trabajadores.
Asimismo, la funcionario subrayó que con respecto a los efectos de la declaratoria de ilegalidad, tratándose de empleados públicos y trabajadores oficiales, es importante tener en cuenta que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Honorable Consejo de Estado ha expresado en el pasado que " Si se trata de Empleados Públicos, éstos no gozan del derecho de declarar y hacer huelga. Por ende, si participan en un paro o cese colectivo de labores, la Entidad Estatal competente deberá iniciar los respectivos procesos disciplinarios?.
?En caso de declaratoria de ilegalidad de un paro o cese colectivo de actividades realizado por servidores públicos, se debe observar el procedimiento disciplinario aplicable en cada entidad, para la imposición de sanciones a los participantes en el cese de actividades y la posterior aplicación de las normas legales correspondientes?, asegura Veira de Silva en un comunicado de prensa.
Finalmente, se especificó que las sanciones previstas por la ley para estos casos van desde amonestaciones hasta despidos.
Fuente: Centro Nacional de Noticias del Estado
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