Escrito por: Miguel Pérez García Presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (Acoset).
En los últimos meses se han presentado índices positivos en la generación de empleo que reflejan optimismo sobre el desarrollo empresarial y las inversiones para dinamizar la economía. No obstante preocupa cierta anarquía en el manejo del recurso humano ante la gran oferta de trabajadores frente a la reducida demanda.
Esta situación da lugar a que algunas entidades abusen de quienes aspiran a una ubicación laboral porque aprovechan la ansiedad de un largo tiempo sin empleo y desdibujan la relación de trabajo sacándola del contexto legal. Por lo tanto es importante que los aspirantes a un cargo hagan respetar sus derechos.
Una de las actividades ilegales en esta materia es la ejercida por algunas agencias de colocación laboral, conocidas también como bolsas de empleo, que cobran a quien busca trabajo determinados valores por recibir la hoja de vida. Cabe recordar que según lo establecido en la legislación colombiana, cualquier trámite en este sentido es totalmente gratuito.
La situación no para ahí porque en ocasiones también se remite al aspirante a ciertos laboratorios para practicarse exámenes médicos. El problema radica en que el candidato debe cancelarlos de su bolsillo, sin que previamente exista una alternativa de vinculación.
En la práctica, esta clase de pruebas son solicitadas por la empresa contratante si ya existe un acuerdo sobre la firma del contrato laboral y no cuando solo hay expectativas. De hecho, este tipo de costos debe ser asumido por la compañía.
Para brindar una sensación de seguridad, el aspirante recibe direcciones de la supuesta empresa donde trabajaría. Sin embargo, esta información suele ser falsa o conducir al candidato a organizaciones que no han solicitado personal y, por lo tanto, no tienen vacantes.
Otra situación que se presenta, pero de manera más sutil, es la vinculación de trabajadores que desempeñan actividades propias de un asalariado a ciertas entidades del sector cooperativo, obviando la aplicación plena del régimen laboral.
Bajo esta figura ilegal, entre otras cosas, las personas deben pagar el total de las cotizaciones a seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales). Además suelen perder determinadas prestaciones porque son afiliadas con base en un salario mínimo, aunque devenguen un monto mayor.
Esta modalidad se ha incrementado a través de algunas cooperativas de trabajo asociado y ha dado lugar a una mayor precariedad del empleo y a la evasión de las obligaciones con el Estado. Por esta razón, la Superintendencia de la Economía Solidaria adelantó una investigación y detectó que el 75 por ciento de las cooperativas de trabajo asociado presenta irregularidades.
Recuerde que antes de aplicar a un empleo es prioritario verificar la aprobación oficial y la seriedad de las empresas a las que acude. Un indicio claro y evidente de ilegalidad es el cobro de dinero para adelantar trámites, situación que debe ponerse en conocimiento de las autoridades.
Si tiene comentarios para el autor escriba a: contenido@elempleo.com
Opine en el debate: ¿Pagar...
Comentarios