Con la puesta en marcha de las nuevas disposiciones se mantiene la vigencia de un sistema que busca proteger a los colombianos contra accidentes de trabajo, simplificar los procesos de atención y reorientar las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP) hacia la prevención y la promoción de la salud.
La nueva legislación introduce mejoras como la diferenciación de la cotización al sistema, de acuerdo con la actividad económica de la empresa, la siniestralidad (frecuencia de los accidentes), los programas anuales de prevención y el índice de lesiones de incapacidad.
Sin embargo, también se garantiza la continuidad de los programas de prevención de riesgos y, adicionalmente, se establecen estímulos como la disminución de la cotización para los empleadores y las empresas, donde no se presenten accidentes de trabajo.
Esta decisión permitirá superar los inconvenientes que impedían que un empleado con una enfermedad profesional recurriera a la Entidad Promotora de Salud (EPS) o no recibiera el pago que le corresponde.
Otro aspecto fundamental es que las prestaciones económicas se pagarán, a más tardar, 60 días después de ocurridos los eventos, situación que no estaba definida en la legislación anterior.
Estrategia integral
El Fondo de Riesgos Profesionales deberá destinar recursos para el Sistema de Garantía de Calidad, así como para el de Información y para estudios actuariales y financieros que permitirán evaluar la viabilidad del sistema.
La nueva Ley dará al Gobierno herramientas para controlar a las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), para que paguen a tiempo, respeten los derechos de los trabajadores y agilicen la promoción de la prevención de riesgos profesionales.
En días pasados, Juan Luis Londoño, ministro de Salud y Trabajo, había asegurado que con la aprobación del proyecto se pondría en cintura a las ARP para que pagaran a tiempo y respetaran los derechos de los trabajadores.
Es importante aclarar que un fallo de la Corte Constitucional había declarado inconstitucional el Sistema de Riesgos Profesionales. Es decir que a partir del 17 de diciembre ningún trabajador contaría con protección de riesgos profesionales.
Gracias a la ley aprobada por el Gobierno se contrarrestó esa providencia de la Corte y, según un comunicado del CNE, se logró entregar a los trabajadores un sistema más eficiente y con mejoras.
elempleo.com
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